En diciembre de 2008, salió a la luz que en los barrios de la Costanera, ubicado en ambas márgenes del río Salí, los chicos que comenzaban a drogarse a los 10 años, parecían "cadáveres caminantes", según testimoniaban sus madres, que vivían con dramatismo cómo sus hijos se autodestruían, y se sentían impotentes para combatir a los "transas" que eran los que les vendían el paco. Las mujeres comenzaron su lucha pública en enero de 2009, luego de que asesinaran a un joven cuando intentaba comprar drogas. Desde entonces exigen respuestas al Estado. Las que logran convencer a algún chico que deje de consumir, buscan ayuda para internarlo en algún centro religioso fuera de la provincia porque, en Tucumán, sólo hay sólo centros ambulatorios y uno para internación en Las Moritas, cuya capacidad es sólo para 21 pacientes que no tengan causas penales.

Un juez de menores dijo que la situación es dramática y que reciben entre ocho y diez casos diarios de chicos que tienen un alto grado de adicción al paco. Sostuvo que en 2009, lo visitaron funcionarios del Siprosa y se comprometieron a a trabajar en conjunto para ver qué destino les daban a los pacientes agudos. Desde entonces aún aguarda una respuesta concreta. El magistrado afirmó que los hospitales Obarrio, Avellaneda e institutos privados ayudan, pero con eso no alcanza porque ofrecen tratamientos ambulatorios y hay casos de chicos que se están muriendo y necesitan un lugar para ser internados.

Desde 2009 un grupo de seminaristas de la parroquia ubicada en La Costanera comenzó a trabajar con la gente y visita la casa de los vecinos para escuchar sus necesidades. El vicario general de la arquidiócesis dijo que la realidad de los jóvenes es muy dura; no hay espacio para ellos en el barrio y es difícil conseguir lugares en los que puedan hacer cosas recreativas para alejarse de las sustancias. Señaló que esta situación, unida a la pobreza extrema en la que viven, torna muy compleja la problemática. Expresó que las áreas que más deben reforzarse en estos barrios tienen que ver con la salud y el desarrollo social.

La ministra de Desarrollo Social desmintió a las madres que en La Costanera no se haya hecho nada. Habló de la formación de una mesa de gestión en la que los vecinos discuten sus necesidades y destacó que desde hace más de un año funcionan tres talleres recreativos como parte del Programa Vida, que ayudan a los chicos a mantener su tiempo ocupado y a alejarse de las drogas. Por otro lado, les brindan a las madres asistencia económica para trasladar a sus hijos a otras provincias, donde funcionan centros de internación de adictos.

Lo más asombroso es que en abril pasado, la Legislatura sancionó por unanimidad la primera ley general para la prevención y asistencia a las adicciones. Entre sus puntos salientes proponía, desde una manera integral, abordar la investigación, el tratamiento y la reinserción social, entre otros aspectos, con especial detenimiento en programas para los presos y los menores en conflicto con la Justicia. Se debía conformar el Consejo Provincial de las Adicciones con representantes de todos los sectores del Estado que les compete intervenir en la problemática: Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo Social, ONG, universidades. Sin embargo, no entró en vigencia porque la Secretaría de Prevención de las Adicciones no constituyó el consejo.

Es inexplicable que una herramienta fundamental para combatir este flagelo social que está enfermando a una parte de nuestra niñez y juventud en toda la provincia, siga durmiendo en un cajón. O la clase dirigente vive en otra provincia o país o la indiferencia por el sufrimiento del prójimo es enorme o los intereses creados son demasiados poderosos. No se entiende semejante dilación.